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Problemas de la democracia liberal: un breve análisis

Problems of liberal democracy: a short analysis

Abril Uscanga Barradas

Doutora em direito pela Universidad Nacional Autonoma de México. Professora titular da graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da UNAM/México.
E-mail: abril_169@hotmail.com

Resumen

Este trabajo pretende explicar la crisis democrática actual, pues últimamente se presentan numerosas y constantes críticas al sistema democrático imperante en nuestros días, lo que nos hace pensar en la existencia de una serie de deficiencias tanto políticas como sociales que, quizás, podrían ser subsanadas revisando el modelo y sus principales problemas.

Palabras clave: Democracia. Democracia liberal. Crisis democrática. Estado.

Abstract

This paper aims to explain the democratic crisis that prevails today, currently, there are many criticisms of today’s democratic system, which makes us think of the existence of a series of deficiencies both political and social that, maybe could be rethought or visualized from another perspective and show that could be remedied by revising the model and its main problems.

Keywords: Democracy. Liberal democracy. Democratic crisis. State.

1 Características de la democracia liberal

La reivindicación respecto de los gobiernos tiránicos – más en especial los gobiernos obtenidos por derecho de herencia – hizo que naciera el mundo liberal democrático, de tal forma que aquellos fueron desplazados hasta ser reemplazados por el modelo liberal democrático. No obstante lo anterior, se deben intentar comprender dos conceptos como punto de partida para entender el sistema en sí: liberalismo y democracia.1

El liberalismo2 inició, aproximadamente, en el año 1688, fecha desde la cual aquel ha intentado vincularse con otros movimientos y corrientes como, por ejemplo, el racionalismo, el empirismo, la revolución, la burocracia, la Ilustración, el romanticismo, la economía del laissez-faire y el nacionalismo, entre otros; sin embargo, ninguno de esos intentos de liga o alianza le resultó tan útil para cumplir su finalidad como la que materializó con la democracia, pues ésta evidenció ser el elemento óptimo para la preservación de la libertad3 a pesar de haber transitado una complicada senda de desencuentros; tanto es así que incluso algunos autores aseveran que las democracias liberales continúan siendo las que mayor libertad y prosperidad han ofrecido a sus gobernados.4

Es indispensable tener muy presente el temor que siempre ha existido en el liberalismo respecto de la tiranía, de modo y manera que no se obvia la demanda democrática para otorgar poder al pueblo para autogobernarse. En esta tesitura, este postulado no encontraba un fácil anclaje en el seno de los objetivos de la libertad negativa de la tradición política liberal debido a que existían, y aún existen, algunos puntos de confrontación, siendo el principal punto de ausencia de conexión entre los fines de la democracia y el liberalismo; pues la democracia exigía la participación de todos en decisiones que afectan a todos sin excluir las intromisiones públicas5 allá donde existan o pudieran existir, mientras que el liberalismo exigía la inexistencia de intromisiones sin consentimiento en la vida del individuo; aún a pesar de que aquellas fueran efectuadas por la mayoría de los ciudadanos. Como añadido a lo anterior, el liberalismo se compromete, además, con la imagen de los individuos que se rigen por instituciones neutrales que minimizan las obligaciones cívicas lo máximo posible.

Es una realidad que el vínculo entre la democracia y el liberalismo no ha resultado ser de una total convivencia cordial; y ello debido a que si realizamos un análisis de cada concepto separadamente, se puede apreciar que la idea clásica de democracia encuentra su acomodo en los conceptos de autogobierno colectivo, participación de todos en la vida cívica, discusión pública de propuestas y la ausencia de límites a priori en todo aquello que la voluntad popular puede decidir.

Como contraste con lo anterior, el liberalismo asegura la necesidad de protección de los derechos frente a las decisiones colectivas, reivindicando de esta forma la libertad negativa; lo cual implica que se contraponga con la participación activa en la vida política, presentando un sujeto egoísta y racional, considerando las actividades públicas como actividades costosas y sin provecho, entendiendo que las instituciones deben actuar de manera neutral sin interferir en la vida de los sujetos y no alentando a actuar de acuerdo a los valores cívicos.6

Los puntos de conflicto en la relación libertad-democracia se ponen de manifiesto en la rigidez asentada en la incompatibilidad de los valores: igualdad vs. libertad o consentimiento popular – entendido como el gobierno del pueblo – vs. el gobierno limitado. A pesar de lo anterior, el liberalismo no se encuentran asociado a la democracia de tal o cual tipo, ya que no se debe olvidar que la cristalización entre liberalismo y democracia abrió la senda para la democracia representativa.

Dada esta situación, la democracia liberal fue clasificada de forma tal que se concibió como un sistema que ha buscado obtener las mejores decisiones colectivas sin interferir en la libertad negativa con cierto grado de igualdad política y de oportunidades de participación, implicando así que con esa búsqueda tampoco obstruya ni la vida privada de los ciudadanos, ni tampoco mediante la promoción de la participación política.7

La participación política supone tres características básicas:

    I. Realiza una función como institución política; es decir, aborda los asuntos públicos;

    II. Retiene su fundamentación liberal mediante la preservación de la libertad negativa; e

    III. Integra el principio de legitimidad democrática a través de la voluntad expresada en votos8.

Las tres características anteriormente advertidas se complementan con dos aspectos específicos más:

    i. La profesionalización de la actividad política, en la cual los representantes ostentan un gran peso en la toma de decisiones y las tareas públicas son exclusivas facultades de ellos, obteniendo participación ciudadana únicamente en el momento de las elecciones; y

    ii. El Estado no promociona un modo de vida de acuerdo a las virtudes cívicas.

La democracia liberal representativa puede ser analizada, igualmente, desde dos perspectivas de nueva cuenta diferentes: a) la democracia de mercado; y b) la democracia de deliberación.

Por lo que se refiere a la democracia de mercado, ésta no contempla otro individuo que no sea el homo oeconomicus, lo que significa que su operación se traduzca en procedimientos de negociación, implicando a su vez que se busquen atender los intereses justos o injustos de la mayoría con la finalidad de atraer el mayor número de votos o preferencias posible; y ello a pesar de que en realidad no exista una preocupación por los intereses de los votantes.

Por otra parte, hay que indicar que en lo correspondiente a la democracia de deliberación, ésta admite la posibilidad de existencia de ciudadanos informados y, también, interesados por el bien general, respetando y preservando la libertad negativa mediante la participación de los más virtuosos como representantes en la gestión política para llegar a la corrección normativa, esto es, la justicia.9

Las dos clasificaciones anteriores pueden referirse a una democracia representativa; misma que como ya quedó dicho, salvaguarda la tan preciada libertad negativa de los liberales; no obstante, no consigue impedir ser el blanco de las críticas agudas que son presentadas a continuación.

2 Seis problemas de la democracia liberal

El transcurso del tiempo ha hecho que la representación política se haya visto modificada. En este sentido, los orígenes de esta figura podrían enmarcarse en el mundo antiguo; época en la que se pueden encontrar instituciones de gobierno que cuentan con características de representación política como, por ejemplo, las asambleas atenienses, o en el mundo romano, las monarquías representativas, el Senado republicano, las magistraturas, el consulado, la pretura, la censura y el tribunado.

Esta representación política continuó su camino de transformación en la Edad Media; momento en el cual evolucionaron sus conceptos teóricos, continuando la modificación en instituciones como las Cortes Españolas, los Estados Generales en Francia y el Parlamentarismo inglés.

Con todo ello se llega a la conclusión de que la representación política obtuvo un gran auge en el siglo XIV, convirtiéndose con posterioridad en el dogma sobre el que se asentó el absolutismo, sin embargo, la llegada de los XVI y XVII representaron una pérdida de su credibilidad que en los siglos inmediatamente siguientes –siglos XVIII y XIX- recuperó, ostentándose como la plataforma política de la burguesía y sosteniéndose hasta la actualidad; momento en el que se encuentra duramente criticada.

Es igualmente esencial tener presente que existen diferentes modelos discursivos a través de los cuales se puede analizar la figura de la representación política, no obstante no es objetivo del presente trabajo abarcar todas y cada una de las preguntas que se pudieran plantear, sino únicamente dejar claro que dicha representación no puede ser explicada desde el deber ser.

La representación política presupone el conocimiento de los problemas que ésta entraña o supone; problemas que varían en función de la perspectiva que se utilice, la teoría con la que es estudiada y los conceptos analizados. En esta tesitura, la teoría liberal considera que los ciudadanos deben seleccionar a sus representantes, y ello mediante el postulado de conformidad con el grado de identidad entre quienes toman las decisiones y sobre quienes dichas decisiones recaen. Por otra parte, la corriente republicana no concuerda totalmente con la noción de participación que el liberalismo propone, la cual es débil. Del mismo modo, otro ejemplo de esta cuestión se observa en la noción de derechos frente a la mayoría, pues el liberalismo establece asuntos que no son susceptibles de votación mientras que el republicanismo resalta la atención a la cosa pública. Asimismo, el liberalismo privilegia los procesos de negociación de intereses, lo cual contrasta con el republicanismo, el cual se distingue con la deliberación para llegar a la decisión estimada como más justa para el bien común.

Con base en todo lo anterior, se puede llegar a modo de corolario que la representatividad resultó ser la salida que el liberalismo encontró para defender la libertad de los modernos sin desechar el ideal democrático; al mismo tiempo que también representa un punto esencial de análisis en este estudio dado que acarrea varias críticas que pueden ser examinadas a través de los escenarios que son presentados a continuación.

2.1 Problema 1: El representado no virtuoso, la virtud de detectar la virtud

El tránsito de la democracia directa a la democracia representativa supuso la creación de un sistema de representación política asentado en una relación tríadica, en la cual “X” representa a “Y” en “Z” asuntos.

El objetivo esencial de la representación es preservar el ideal democrático en la toma de las decisiones políticas a partir de la base de un inexistente o escaso grado de virtud cívica presente en los ciudadanos así como la exigencia de maximizar la libertad negativa pero ¿por qué resulta necesaria la figura del representante? La respuesta a este interrogante se encuentra en el hecho de que la existencia de la representación se fundamenta en tres razones: 1) la ausencia de interés de los ciudadanos por informarse; 2) la escasa o nula voluntad de la ciudadanía para asumir los costes de la actividad pública; y 3) la indisposición de los ciudadanos para tomar decisiones que beneficien el interés general. Estas tres razones sirven simultáneamente como base para el siguiente cuestionamiento, que sería ¿qué representan los representantes? pues la aparición de éstos últimos tiene su justificación final como un grupo de individuos virtuosos, con más sentido público y con un mejor juicio que el resto de los ciudadanos.10

Atendiendo a lo anteriormente expuesto se puede llegar a la conclusión de que existe cierta coherencia en la representación; sin embargo uno de los puntos de apoyo fundamentales de este sistema es, justamente, el que considero que presenta más grietas en su base: me estoy refiriendo a la elección de los representantes con una escasa vocación participativa de los individuos y a la elección derivada de la mala calidad de las decisiones de la gente desinformada o despreocupada.

Con estos elementos puede surgir perfectamente la pregunta ¿cómo se justifica la elección que hacen los representados respecto de sus representantes? Desde un plano teórico se podría llegar a pensar que esta decisión emana de las preferencias y afinidades que existen entre el representado y las propuestas del representante o aspirante a serlo, así como también proviene de la información con la que el representado cuenta, el conocimiento de la honorabilidad y trayectoria del aspirante y de la deliberación informada y consciente que existe entre los sujetos integrantes de la comunidad. Ahora bien, si bien es cierto que sería viable todo lo anterior, también es un hecho que se está obviando que la elección que realiza la mayoría de los representados se lleva a cabo desde lo que se podría denominar como “la falta de virtud”, la cual se debe a los bajos requerimientos de virtud de la democracia liberal, misma que no requiere de una ciudadanía ni informada ni con vocación cívica.

De esta forma, no es requerido que el ciudadano sea un sujeto virtuoso, pues lo único que se le solicita es que intente detectar, al menos, al que considera como el mejor representante, lo que dicho en otros términos supone que esté en la posibilidad de detectar la virtud de los que pretenden representarlo.

Partiendo de lo explicado, es importante visualizar esta cuestión desde una perspectiva panorámica para poder tener un escenario completo de la cuestión que se está analizando. Es así que, en primer lugar, se debe recordar que la representación se asentó en la inexistencia de un adecuado grado de virtud cívica que maximizara la libertad negativa de los ciudadanos, es decir, que tolerara la falta de conocimiento e información del sujeto y la falta de participación en la vida pública, con la excepción del momento del sufragio, el cual justifica la democracia.

Teniendo esto presente, se llega al razonamiento de que la representación fue un medio para sustituir la virtud de los ciudadanos por la virtud de los representantes, significando que los ciudadanos que no contaran con esa virtud se encontrasen con el deber de detectar, de alguna manera, al mejor representante, como si se tratara de un sabueso en busca de rastros del sujeto desaparecido.

Esta situación parece poner de manifiesto una circunstancia paradójica que hace que surja el siguiente interrogante, y es que ¿por qué “A” eligió a “B”? Tiene que existir alguna forma de elección de preferencias para que el representado llegue a esa solución.

Tras haber descartado los elementos de razonamientos, deducciones y consentimiento informado, es viable integrar a las posibles opciones toda una serie de variantes como las inducciones, las opiniones de los medios de comunicación, el favoritismo partidario, el acarreo o compra de voluntades, la amistad, los beneficios personales o incluso la amenaza e intimidación.

¿Acaso la representación nos está garantizando representantes virtuosos? Parece complicado pensar en representantes virtuosos cuando quienes los eligen no solo no gozan de esa condición de virtuosismo, sino que además ni saben ni les importa el destino democrático. Con esta postura, parece que la elección de “A” por “B” no se basa en nada diferente, lo que supondría materializar una elección aleatoria entre los ciudadanos para ocupar el lugar de “B”, con la única excepción del propio “B”, pues éste tendría un total y evidente interés en participar en la lucha por ser representante; contrastando con lo que sucede con “A”, quien preferiría no tener que ocupar el lugar de “B” nunca.

2.2 Problema 2: La representación y la libertad como autogobierno, ideas contrapuestas

Continuando con lo expuesto en párrafos anteriores, las democracias indirectas, también llamadas representativas, intentan conciliar una idea de autogobierno con una idea de representatividad y de escasa virtud ciudadana pero, a pesar de ello, la representación y el autogobierno no son naturalmente compatibles, pues proponen conceptos que per se son contrapuestos. En este sentido, la representación implica la delegación de la capacidad de decisión, es decir, poner en manos de unos cuantos el destino de toda la comunidad, así como también supone que la representación requiera disminuir la autodeterminación o autogobierno de los representados que, a fin de cuentas, son los que otorgan los poderes correspondientes a sus representantes. En contraposición a esta representación política aparece el ideal de autogobierno; mismo que se desarrolla pensando que el individuo puede autorregirse o autodeterminarse por sí mismo, de modo y manera que no requiere de un representante que adopte las decisiones que incidan en el plan de vida de aquel sujeto.

Siendo esto así, se llega a la conclusión de que si se piensa en el concepto democrático en el mundo liberal, hay que remitirse, necesariamente, a la representatividad, pues de lo contrario no es posible sostener el ideal democrático antiguo de la democracia directa, más todo ello sin obviar que la democracia requiere del elemento de autogobierno.

2.3 Problema 3: La democracia como un mecanismo de control inverso

Se pueden encontrar diferentes categorizaciones de ciudadanos en la democracia contemporánea, resultando como clasificación más común aquella que los divide en ciudadanos representantes con características virtuosas, por una parte y, por la otra, ciudadanos poco informados e indiferentes respecto a las actividades de participación pública.

La democracia requiere de una participación política, ya sea ejercida de manera directa o indirecta; sin embargo, la participación de la comunidad en el poder político es uno de los principales elementos de la democracia.

La democracia actual es una democracia representativa, que se distingue por la participación indirecta del pueblo en la toma de decisiones, por lo que existe un intermediario, mandatario o representante que se encuentra habilitado para adoptar decisiones colectivas.

Las decisiones tomadas por el representante deben estar gobernadas por la propia democracia, es decir, por el poder del pueblo, que es quien finalmente faculta al representante para decidir las medidas colectivas al ejercer el poder político que le ha sido designado por el demos.

La teoría de la representación identifica al pueblo vinculado con sus representantes y viceversa, ya que éstos están ligados al electorado desde el mismo instante en que los mandatarios deben ser responsables. A pesar de esto, es imperativo indicar que el poder original del demos se ha convertido, en la actualidad, en el poder de los representantes del demos11, pues la redefinición de la democracia supuso una inversión de las prioridades de la teoría clásica en la que el proceso democrático abandonó su consideración de medio para que los gobernados mandataran y controlaran a los gobernantes para convertirse en un mecanismo de legitimación y de aumento de control que ostentan los gobernantes respecto de los gobernados.

Este cambio conceptual tuvo su fundamento en el paso de la democracia directa a la democracia representativa; paso con el cual no se continuó el seguimiento de la actuación del representante, a lo que a su vez se añade también que el representado no se preocupa, no sabe y, en consecuencia, no se encuentra en condiciones de fiscalizar la gestión de aquellos que son elegidos, supuestamente, por ser virtuosos.

El devenir de acontecimientos significó que la democracia pasase a ser un mecanismo de control inverso en el que los representantes ostentan el poder y dirigen el destino de los representados una vez que han sido nombrados legalmente; todo lo cual desemboca en la situación de que lo que en un inicio se formó como el poder del pueblo, se ha desvirtuado – al menos en el imaginario social – y ha perdido uno de los objetivos esenciales de la democracia representativa: representar los intereses y empoderar a la ciudadanía. Es por ello que la concepción más clásica de la democracia como “el poder del pueblo” para limitar otros poderes, ahora es concebida como “el poder de los representantes del pueblo” para someter al pueblo.

2.4 Problema 4: Los mercaderes de la democracia, todo por un voto

El sistema representativo evidencia que se ha llegado a minimizar excesivamente el grado de participación ciudadano; tanto que cuando actualmente se habla de democracia, prácticamente la primera imagen que llega a la cabeza es la del “día de las elecciones”, esto es, el sufragio o el voto; ese momento en el que los electores cuya mayoría, por cierto, son gente con poca vocación cívica, escogen a sus representantes y éstos, a su vez, adoptan decisiones que afectan directamente al conjunto de la ciudadanía.

Cuando llega este “día de las elecciones”, la democracia persigue, en primer lugar, el cumplimiento de las reglas procedimentales con la finalidad de generar escenarios que sigan los lineamientos democráticos y que cumplan las formas acordadas, aunque en el fondo no sea lo suficientemente transparente o no se vea con claridad la legalidad, lo cual tiene como resultado que el cómo no importe en este sistema.

En palabras de Joseph Schumpeter, la democracia se puede entender como “un acuerdo institucional para adoptar decisiones políticas a través de la lucha por el voto popular”12.

Esta definición de Schumpeter deriva en que los políticos –llámense también representantes- deben competir por obtener los votos de los ciudadanos a través del ofrecimiento de atender el máximo catálogo de demandas, de tal forma que se podría llegar a decir que los representantes son profesionales que venden un producto y su supervivencia depende de que lo hagan de modo eficaz13.

En esta situación, se pone de manifiesto que las ofertas lanzadas por los políticos para hacerse con los votos son múltiples y de muy diversas tipologías; tanto que cada candidato llega a prometer abarcar en sus programas un completo mundo de demandas, lo cual desemboca en la circunstancia de que prácticamente no existan ofertas diferenciadas entre ellos. Se hace muy difícil, casi imposible, poder identificar a primera vista la diferencia entre los contendientes, llegando igualmente a la situación de que todos estos aspirantes saben que mientras más sean las propuestas, más posibilidades hay de contentar a todos y, en consecuencia, más posibilidades hay de atraer más votos.

Este comportamiento asentado en la promesa de todo tipo de ofertas – incluso algunas surrealistas – intenta conseguir proponer medidas que en sí no contravengan intereses de casi nadie, lo cual resulta tremendamente complicado, pues lo habitual es que unos intereses se contrapongan a otros. Para superar esta dificultad, los aspirantes a representantes optan por presentar objetivos vagos o confusos en sus programas, mismos que ni comprometen ni tampoco son susceptibles de cumplimiento y que, al mismo tiempo, adolecen de tal ambigüedad que tampoco pueden ser objeto de reclamación por sus propias deficiencias; lo anterior sin dejar de lado que la experiencia muestra cómo estos vicios de oscuridad en los términos o promesas se han repetido una y otra vez en el tiempo sin que el descontento popular llegue a un punto más alejado que aquél del simple arrepentimiento individual reprimido.

Por último, es esencial mencionar que el sobrevalorar el ejercicio de votación genera únicamente que el valor de la igualdad de poder quede reducido a la fórmula de “un hombre un voto”.

2.5 Problema 5: Insuficiente legitimidad de los actores democráticos

La falta de legitimidad más frecuente que afrontan los actores políticos es, por un lado, la falta de interés para participar en las elecciones, es decir, el voto; y por otro lado, la insuficiente legitimidad de los actores una vez que se encuentran posicionados en las instituciones. En esta situación, hay que considerar la compleja tarea que los actores realizan para conseguir los votos, algunos obtenidos legítimamente y otros mediante medios ilegítimos utilizando fórmulas como las del acarreo, intimidación, favores, compra de voluntades, etc., y ello sin contar el porcentaje de abstencionismo.

Al analizar este escenario se pueden apreciar varios puntos de interés pues, si se toma como muestra ese pequeño universo de votantes y se somete a la examinación profunda de su verdadero interés por participar, se podrá observar que este grupo se reduciría aún más si se separan a aquellas personas que en realidad en participado en el sufragio con convicción, interés público y estando suficientemente informadas. Tomando en consideración esta circunstancia, se puede llegar a la cuestión de que si no existe verdadera representatividad antes y tampoco existe después ¿cómo es que se legitima la labor de los actores democráticos?

La deslegitimación se debe, en gran medida, a la falta de credibilidad de las diferentes formas de autoridad, incluyéndose la de los representantes políticos, pero esto no resulta ser algo novedoso, pues la democracia liberal representativa no fue pensada desde sus inicios como un sistema garante del autogobierno de los ciudadanos, sino por el contrario, se pensó para evitar abusos e imposiciones por parte de ciertas facciones. Se podría decir que los abusos de ciertos sectores continúan, al menos en apariencia, y también se podría decir que el representante que velaría por la inexistencia de amenazas, abusos o imposiciones, es precisamente quien lleva a cabo los actos para los que fue elegido prevenir, generándose opiniones muy comunes que afirman que los representantes procuran mayoritariamente sus intereses, olvidando los intereses generales y contando con múltiples beneficios de discrecionalidad en su actuar.

Algunas de las demandas principales que los representados le hacen al sistema son:

    a. El mercado político no proporciona una oferta que atienda los diferentes intereses: esto tiene su justificación en el hecho de que no hay posibilidad de que existan tantos representantes como intereses tienen los individuos, así como también los representantes no necesariamente atienden los intereses de toda la población en tanto en cuanto existen filtros de percepción que impiden a aquellos atender los intereses de cada sector de la población. Todo esto es debido a que, con frecuencia, el modo y la forma en cómo se vive condiciona nuestras convicciones, percepción, necesidades, circunstancias, problemas y objetivos a perseguir14;

    b. No es tomada en cuenta la voz de los titulares de intereses de los posibles afectados: en primer lugar hay que tener en consideración que, a pesar de que los programas de los representantes están repletos de promesas muy generales, la lógica de la competencia impone ignorar algunos intereses, del mismo modo que hay información importante que el sistema no recoge por ser inadecuada en relación al momento político vivido;

    c. La falta de información que imposibilita a los individuos conocer en realidad cuáles son sus opciones y las ofertas veraces: el mercado político resulta ser asimétrico; escenario en el que aparece el representante-vendedor y el representado-comprador. Supongamos que el representado-comprado desea adquirir on line un equipo profesional de purificación de agua que necesita de varios filtros y contenedores para que pueda funcionar de manera adecuada y correcta. Consideremos ahora que la mayoría de la población no tiene ninguna idea de los procesos que se necesitan para purificar el agua, de forma que el comprador desconoce totalmente el funcionamiento, mientras que, por su parte, el oferente –representante-vendedor- sabe perfectamente lo que vende. En esta tesitura, ¿qué es lo que motivaría al vendedor a ser honesto al describir su producto y fijar un precio justo si el comprador no puede distinguir entre uno artículo en buen estado y otro cuyo precio no se corresponde con su estado? Este tipo de situaciones genera regularmente reacciones negativas, ya que no faltarán ofertas de equipos en mal estado así como tampoco faltarán compradores que desconfíen del producto que se les ofrezca y, por ende, prefieran abstenerse de realizar la compra.

La falta de eficiencia hace que se reste legitimidad al sistema, lo cual, simultáneamente, hará que en última instancia el sistema se quebrará. Esta circunstancia que parece inminente, sin embargo ha demostrado alejarse en el tiempo debido a que sigue un ritmo semejante a de la selección natural de las especies, es decir, la realización de comportamientos efectivos adaptados al medio, conllevando que el sistema se guíe, inexplicablemente, a partir de un elector “ciego”.

Esta complejidad del sistema existente en la actualidad no significa, sin embargo, que por eso se deban justificar las deficiencias de las que adolece, las cuales se derivan del mismo funcionamiento del propio sistema.

Este sistema no es de libre acceso, sino que para participar es necesario contar con recursos, estructura, financiamiento, acceso a medios de comunicación y difusión, entre otros apoyos.

Todos estos beneficios generan, a la par, desconfianza y demandas de la población hacia el gobierno; lo que han hecho que se haya rebasado su capacidad de respuesta. La experiencia ha demostrado que, a partir de estos problemas, las frases como “el poder sobre sí mismo” y “el poder de los pueblos sobre sí mismo” no expresaban la situación real de las cosas, toda vez que el pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo pueblo sobre el cual es ejercido aquél y, tampoco, el “gobierno de sí mismo” es el gobierno de cada uno por sí, sino el gobierno de cada uno por todos los demás. Como agregado, la voluntad del pueblo significa, en esencia, la voluntad de la porción más numerosa o activa del pueblo, es decir, la mayoría; la cual puede tener intenciones de oprimir la voluntad minoritaria de éste15. Esta situación es también conocida como la tiranía de la mayoría o tiranía social; no obstante, este sistema se fundamenta en la premisa de que las decisiones políticas son decisiones de la colectividad dirigida a los individuos -sus miembros-.

2.6 Problema 6: Apatía ciudadana

Continuando con la línea presentada, la democracia liberal evidencia que el votante no necesita inmiscuirse en la cosa pública, ni tan siquiera estar interesado en ella, ignorando incluso la gestión y careciendo de bases para evaluar a los representantes.

Es importante señalar que gran parte de los ciudadanos de las sociedades democráticas actuales consideran algo ajeno el producir y gestionar las condiciones democráticas necesarias, resultando así que quieran evitar por todos los medios los costes de la actividad pública; sin embargo, como contraste a lo anterior, quieren que existan y tienen preferencias públicas sobre la vida de todos, por lo que deciden apostar y esperar pacientemente a que sus demandas sean cumplidas por los mecenas que han elegido, es decir, los políticos; y ello como si se pagara al servicio de limpieza pública por recoger lo que no queremos en nuestra casa, o como aquel que paga un gestor para realizar esos arduos trámites que no soporta realizar.

¿Acaso la vida público-política se ha convertido en algo tan despreciable que hay que pagar a alguien para que vele por nosotros como si fuéramos incapaces? ¿Acaso en la antigüedad no se trataba de una noble labor realizada de forma honorífica que infundía respeto? Toda la labor política actual parece haber quedado reducida a aquella tarea retribuida económicamente, siendo que estas labores son retribuidas porque no se visualizan como algo valioso de manera intrínseca, toda vez que no estamos a gusto con la idea de inmiscuirnos pero, al mismo tiempo, desconfiamos de nuestros gestores de lo público.16

Un elemento trascendental de la apatía ciudadana resulta ser la poca importancia que los diseños institucionales dirigen a la participación ciudadana, de tal manera que las instituciones son, en muchas ocasiones, las que difunden y alientan cierto tipo de conductas.

Finalmente, tras conocer la problemática general de la representación y la importancia del papel ciudadano, es importante resaltar varios puntos relevantes. En primer lugar hay que decir que, a pesar de que autores como Giovanni Sartori consideran a la representación como algo necesario, también existe un consenso generalizado que aboga por considerar que el sistema de representación no debe ser un mandato imperativo17, dicho de otra forma, no debe entenderse a los representantes como delegados vinculados a instrucciones imperativas, ya que el Estado representativo no puede operar basándose en las teorías de la Edad Media puesto que no se adapta a las necesidades del mundo actual.18

Ahora bien, dicho lo anterior, el hecho de intentar maximizar el sistema de representación implica algunos problemas que no se deben obviar, ya que se ha considerado continuamente que cambiar el papel ciudadano podría mejorar el sistema democrático; sin embargo, es probable que se haya sobredimensionado y a la vez impuesto una carga muy pesada al ciudadano, a quien se le encarga la labor de mejorar la democracia, aunque no quepa duda de que éste sea un factor importante, se podrían indicar varias problemáticas susceptibles de surgimiento cuando se maximiza la representación, como por ejemplo:

    I. La participación aumenta la lentitud en la toma de decisiones, puesto que implica consultar a mayor número de gente: es así que esta circunstancia aumenta el costo en la toma de decisiones; costo que se traduce tanto en tiempo como en recursos;

    II. La participación no incorpora valor añadido a las decisiones, pues ello no garantiza que se tomen decisiones con un conocimiento mayor;

    III. Provoca un exceso de particularismos en relación a las problemáticas que se debaten;

    IV. Las decisiones particularistas acostumbran a situar el debate a corto plazo. La participación tiene que estar acompañada por los canales democráticos a fin de no debilitar la legitimidad de las instituciones representativas19.

Aunado a lo anterior, se puede llevar a cabo un ejercicio de reflexión para tratar de cuestionar si la pugna por el incremento de la cantidad participativa implicaría en realidad una mejoría en la democracia, es decir, habría que repensar si la ampliación de los mecanismos de participación desembocaría en que los ciudadanos realmente quisieran participar.

Algunos autores, como Joan Font, señalan que la mayoría de los ciudadanos no quieren participar porque no tienen interés en implicarse en lo público, de modo que no quieren fatigarse en procesos complicados y complejos que les invadan en su esfera privada de la libertad. De esta manera, los ciudadanos que participan, lo hacen de forma muy inconstante y así no se puede garantizar el funcionamiento regular de las instancias de participación. Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que los ciudadanos con tendencia a participar son prácticamente siempre los mismos, con lo que el resto de los ciudadanos solo desean participar en los momentos de conflictos o problemas, con la resulta final de que los ciudadanos que participan, muchas veces solo se representan a sí mismos y a sus intereses, es decir, se guían por intereses meramente particulares.20

Con esta panorámica, se puede concluir, de manera parcial que participar no contiene un valor bueno o malo en sí, aunque casi todos podemos estar de acuerdo en que la ampliación de los espacios de participación ya tiene mérito por sí mismo; no obstante, no sólo se trata de que los ciudadanos participen más, sino que es necesario que se amplíe la base de consenso social que repercuta en la legitimidad de las instituciones, aunque esto no puede únicamente recaer en un actuar estatal ni únicamente en un actuar ciudadano, pues al parecer requiere de la construcción de un sistema político-normativo.

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Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, vol. 14, n. 1, p. 20-35, Jan.-Abr., 2018 - ISSN 2238-0604

[Recebido: Ago. 16, 2017; Aceito: Abr. 17, 2018]

DOI: https://doi.org/10.18256/2238-0604.2018.v14i1.2093

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